Por ejemplo, Carlos Salinas destituyendo gobernadores a diestra y
siniestra.
Desde que regresé a Chihuahua hace tres años —más de tres décadas de
ausencia—, observé lo que antes había registrado en dos estados disímbolos:
Veracruz y Michoacán. En el primero, el poder virreinal de Fidel Herrera; y la impericia
de Leonel Godoy o el poder supremo de la dinastía que heredó Lázaro Cárdenas
Batel, en el segundo caso.
En efecto, al arribar a Chihuahua vi cómo se había perdido la
disciplina que creí ejercieron mandatarios como Óscar Flores Sánchez y Patricio
Martínez, fuera esa creencia por lecturas desde la metrópoli o por mis cortas
estancias en mi tierra de origen.
Observé desorden y apatía, ciudades apagadas, inseguridad flotando en
el aire, desempleo, desconfianza y miedo ante el precipicio.
Como marco de referencia, un presidente que había perdido la brújula
por su insensatez frente al crimen organizado; que había precedido a otro que
de estadista sólo entendía el derecho —su derecho— de usar sombrero, hebillas y
botas vaqueras, y soltar la lengua cuando se le ocurriera. Ese abandono y desolación
que infligió el centro —la médula de la nación—, allanó el camino para que
algunos mandatarios estatales hicieran su
agosto, provocaran desorden en las finanzas, facilitaran la corrupción y fueran
infiltradas sus administraciones por los malosos.
Sí, cuando entreví que un priista retomaría las riendas de la nación,
lo primero que deduje: se acabó tal displicencia. Ese poder omnímodo que antaño
se ejerció desde el centro, ahora se reforzaría debido a la intensa competencia
entre los partidos políticos y la facilidad con que se ventila hoy en día el
quehacer de la cosa pública.
Y en una especie de fortuna, compañera de los tiempos nuevos, llegó el
expediente clave que regulará el control de las administraciones estatales, que
evita la necesidad de ejercerlo en forma arbitraria por el jefe máximo del
Estado mexicano.
La aprobación de la primera iniciativa preferente enviada por Calderón
—reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental— somete a los gobiernos
locales a ese férreo escrutinio por parte del “Gobierno Federal, la Cámara de
Diputados y la Auditoría de la Federación. Asimismo, tendrán que rendir
informes exhaustivos sobre sus ingresos, egresos y deudas a la Secretaría de
Hacienda ¡cada tres meses! Y de incumplir con la ley, los servidores públicos
locales irán a prisión con penas de dos a siete años y multa de hasta medio
millón de días de salario mínimo, o sea 31 millones de pesos.” [Véase, “Peña
aprieta a los gobers (priistas)”;
Rubén Cortés, La Razón, noviembre 8.].
Diría Perogrullo: Otra vuelta de
tuerca, pero ahora aceitada. O lo que es lo mismo (casi), “Flojito y
cooperando”.
Chihuahua, Chih., noviembre 8, 2012.
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